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Consultoria ambiental



 Vigilantes de decibelios en la zona Juan Llorens de Valencia.
Tres voluntarios y un coordinador vigilarán a partir de este sábado la zona de Juan Llorens en la ciudad de Valencia declarada como ZAS (Zona Acústicamente Saturada) actuando como mediadores entre las distintas partes implicadas del conflicto.
Dicha vigilancia es una iniciativa de la Federación de Hostelería de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia y de la ONG Controla Club.

Fuente: El País.
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 Los técnicos ratifican a la juez su informe contra la planta de basura de Torrevieja.

Los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja que en 2004 realizaron informes en contra de la adjudicación de la transferencia de basuras a la UTE Necso-La Generala, ratifican sus informes negativos proponiendo que el concurso se quede desierto en el jucio que tiene lugar como resultado de la denuncia del representante local de Los Verdes al Alcalde del Municipio (José Ángel Hernández Mateo del Partido Popular) por supuesta prevaricación al adjudicar a dicha UTE el concurso en contra de los informes negativos de los técnicos.

Por otro lado, Los Verdes también han denunciado que la planta de basuras inició sus actividades en 2005 sin autorización de actividad en dicha fecha. Dicha planta está situada en la finca conocida como "Casa Grande", colindante al parque natural de Las Lagunas de Torrevieja-La Mata.

Fuente: El País.
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Condenan a Ecologistas en Acción a pagar los gastos del jucio por denunciar un episodio de contaminación del río Segura.

Las asociaciones ecologistas Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante han sido condenadas por el Tribunal Supremo a sufragar los gastos del proceso judicial que se inició por una denuncia realizada por estos a 11 empresarios de La Vega Baja y a tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) acusados de un delito contra el medio ambiente por vertidos tóxicos industriales en el río Segura ya que fueron absueltos por la Audiencia de Alicante.

La decisión de dicha Audiencia se basó en que la Confederación Hidrográfica no tiene competencias sobre vertidos municipales y en un defecto de forma en las pruebas presentadas.

Así el Tribunal Supremo ahora condena a las asociaciones ecologistas a pagar 16.000 € para curbrir parte de los gastos causados por el proceso judicial considerando temeraria la decisión de mantener su acusación.

Fuente: El País.
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 La UE critica la contaminación atmosférica de Valencia.

Según un comunicado de la Unión Europea que ha remitido a las autoridades españolas, la ciudad de Valencia y su área metropolitana presentan unos niveles de contaminación atmosférica que precisan la elaboración de un Plan Integral de Calidad del Aire.

Pueden observarse históricos de los valores medidos en la página Web de la Conselleria de Medi Ambient Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Fuente: El País.
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Carrefour eliminará las bolsas de plástico de todos sus centros de España.

La empresa de centros comerciales CARREFOUR ha presentado un comunicado en el ha expresado su decisión de elimnar la entrega de bolsas de plástico con las que sus clientes se llevan los productos comprados. Dicha eliminación se realizará de manera paulatina hasta principios del año próximo, cuando serán elimnadas por completo.

Fuente: El País.
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Cuatro vinos españoles obtienen el más alto galardón en la mayor feria de productos ecológicos del mundo (BIOFACH).
Durante la última edición de la feria más importante del mundo de productos ecológicos o biológicos (Biofach) el jurado galardonó a cuatro vinos españoles con el mayor galardón, la medalla Gran Oro. Los vinos en cuestión son:
  • Generoso Piedra Luenga Bio Pedro Ximenez (cosecha 2007).
  • Tinto tempranillo Reserva Martí (cosecha 2004).
  • Tinto cabernet Can Majoral Son Roig (cosecha 2004).
  • Tinto tempranillo Garmendia Crianza (envejecido en barrica, 2004).

Fuente: SOITU.
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El Tribunal Supremo condena a AENA a pagar 6.000 € de indemnización y tomar las medidas oportunas para bajar los niveles de ruido en el Aeropuerto de Barajas.

El Tribunal Supremo ha condenado a AENA a adoptar las medidas para que cese el ruido producido por el sobrevuelo de aviones sobre la urbanización Ciudad Santo Domingo, de Algete (Madrid), y a que indemnice a cinco vecinos con 6.000 euros a cada uno por vulnerar su derecho fundamental a la intimidad por el ruido producido durante el aterrizaje. Es la primera sentencia que dicta el Supremo reconociendo el derecho de los vecinos a no ser molestados por los aviones.

Aunque 346 personas iniciaron el pleito, sólo cinco recurrieron al Supremo cuando la Audiencia de Madrid desestimó su demanda. Pero todos se quejaban de que cuando el aeropuerto de Barajas opera en configuración sur, el ruido producido por el aterrizaje, especialmente en la pista 18R, lesionaba sus derechos a la integridad física y moral y a la intimidad domiciliaria. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, acoge el último motivo.

Fuente: El País.
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20/06/2008 El Parlamento Europeo aprueba la Directiva Marco de Residuos.

La Directiva aprobada enmarca la nueva filosofía europea en relación con la prevención y la gestión de los residuos. Probablemente el texto adolezca de falta de precisión en los aspectos más controvertidos, haciendo posible que realidades muy diferentes puedan cumplir sus preceptos. Esta situación es un problema recurrente en la mayoría de las directivas, pero parece un peaje imprescindible para poner de acuerdo a las tres instituciones complejas y a los veintisiete Estados miembros.

Se hace una doble distinción, fundamental para favorecer el aprovechamiento de los recursos, entre subproductos y residuos, y también clarifica cuándo un residuo deja de serlo.

En el año 2014 se establecerán objetivos de prevención a nivel europeo de obligado cumplimiento en 2020. El texto además, fija que para el año 2020 la preparación para la reutilización y el reciclaje (incluido el compostaje) deberá suponer al menos el 50% en peso en el caso de los residuos urbanos, incluyendo domiciliarios y asimilables, mientras que para los procedentes de la construcción y demolición, la cifra se eleva al 70%.

En relación con los biorresiduos, la directiva exige su recogida selectiva, su tratamiento específico, y el establecimiento de estándares de uso para el producto compost.

La Directiva contempla la incineración con recuperación de energía de los residuos urbanos, como una actividad de valorización, ligada al criterio de eficiencia energética, medida a través de una fórmula compleja recogida en el Anexo II.

Por último, la Directiva define la responsabilidad ampliada del productor. Así, los Estados miembros podrán adoptar medidas para asegurar que cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, transforme, trate, venda o importe productos de forma profesional, vea ampliada su responsabilidad del productor. Estas medidas podrán incluir la aceptación de los productos devueltos y de los residuos que queden después de haber usado dichos productos, la subsiguiente gestión de los residuos, la responsabilidad financiera de estas actividades, o la publicación de información sobre en qué medida el producto es reutilizable y reciclable.

Fuente: ISR

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23/5/2008 Nuevo plan de eco etiquetas europeas

Bruselas estima que entre el 70% y el 80% de los impactos medioambientales se derivan del transporte, la fabricación de alimentos y bebidas, y el efecto ecológico de los hogares

Nació hace más de una década con la aspiración de distinguir los productos más ecológicos, pero el público europeo apenas reconoce hoy la 'ecoenseña'. Por eso, la UE lanzará en mayo un plan de acción para impulsar el consumo y la producción sostenibles. En 1992, la Comisión Europea creó un sistema comunitario de etiquetado ecológico. Su objetivo era doble: promover la fabricación de productos con un menor impacto ambiental e informar al consumidor sobre las repercusiones de cualquier artículo sobre el entorno. En este caótico contexto, Bruselas ha decidido lanzar un amplio plan de acción destinado a promover el consumo y la producción sostenibles en la Unión Europea. Su objetivo es reducir el impacto ambiental de los productos, a través de medidas para fomentar el ecodiseño y el uso de ecoetiquetas.

Dieciséis años después, cuando el usuario europeo acude a un supermercado o adquiere un electrodoméstico, se encuentra con etiquetas que rezan "agricultura ecológica", lácteos que han tenido que ir recomponiendo el uso banal del prefijo bio, lavadoras con una certificación energética, envases con el punto verde (que garantiza su recogida de la máquina al final de su vida útil) y algún producto (sobre todo, en Alemania) que luce la Etiqueta Ecológica Europea (EEE, materializada en una margarita con doce pétalos). En la UE, menos de 300 productos tienen este distintivo; en España, hay una veintena de EEE (por ejemplo, cuenta con ella Sharp Electrónica España).

Según la Comisión, el consumidor tiene un efecto sorprendente sobre el entorno. Bruselas estima que entre el 70% y el 80% de los impactos medioambientales se derivan del transporte, la fabricación de alimentos y bebidas, y el efecto ecológico de los hogares. Éstos, junto con la industria manufacturera, generan el 36% de los gases de efecto invernadero.

Bruselas está ahora ultimando un paquete de medidas, que se concretará en el lanzamiento de un plan de acción en mayo. El plan supondrá la revisión de cuatro directivas: ecodiseño, etiquetado sobre eficiencia energética, ecoetiquetado y el denominado Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Emas), el competidor en la UE del esquema internacional ISO 14001. La intención es aprobar acciones adicionales entre 2008 y 2009 para completar la revisión de directivas.

Grado de exigencia

Como consecuencia de esta megarreforma comunitaria, se actualizarán las ecoetiquetas con diferentes grados de voluntariedad. Por ejemplo, se creará una enseña que garantice el ecodiseño de un producto y que será obligatoria para las empresas. Bruselas baraja el establecimiento de incentivos para el ecodiseño y la ecoinnovación.

Además, la UE lanzará un nuevo sistema de ecoetiquetado para productos, con el objetivo de revitalizar la enseña verde y lograr que realmente sea reconocible por los consumidores de los Veinticinco Estados miembros. Para las empresas, seguirá siendo voluntario optar por someter sus productos a los criterios comunitarios de las ecoenseñas.

Fuentes del sector ambiental explican que el cumplimiento de criterios de ecoetiquetado eleva entre un 20% y un 40% los costes del proceso de fabricación de un producto. En la práctica, sólo la solicitud de la ecoetiqueta europea cuesta entre 300 y 1.300 euros.

Fuente: Expansión

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5/5/2008 Ecologistas en Acción denuncia que 50 empresas carecen de autorización ambiental

El plazo dado por la UE para adaptarse a la directiva de Control de Contaminación concluyó ayer. León es una de las provincias más retrasadas en la gestión de las licencias.

Ecologistas en Acción denuncia que alrededor de cincuenta empresas de la provincia de León, de las 55 que debían haber adaptado su comportamiento ambiental, no han gestionado a tiempo la autorización para adaptarse a la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Una directiva que se aprobó hace doce años, y cuyo plazo de adaptación concluyó ayer en España, después de un último aplazamiento el pasado mes de octubre. De las 750 empresas afectadas en la autonomía hay 500 que carecen de autorización ambiental y sólo 50 tienen autorización de inicio de actividad; lo que de aplicar la norma "supondría la pérdida automática de decenas de miles de empleos y una caída de cerca del 10 por ciento en el Producto Interior Bruto autonómico".

Multas millonarias.

Además, las empresas se enfrententan a multas de hasta dos millones de euros por el incumplimiento de una normativa que establece la necesidad de implantar la autorización ambiental integrada, un permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea. La directiva pretendía mejorar sustancialmente el comportamiento ambiental de la industria, a través de la prevención de la contaminacion en su origen. Establece la necesidad de implantar mejoras técnicas y establecer valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos. Límites "coherentes con la actividad y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente". Además, la norma tenía la intención de unificar la normativa de forma que un único permiso unificara las múltiples autorizaciones existentes en cada estado. En Castilla y León hay además otra autorización denominada de inicio de actividad, que pretende comprobar el cumplimiento de las condiciones del primero y que faculta para funcionar."A pesar de los doce años transcurridos desde la aprobación de la directiva europea, dos tercios de las empresas autonómicas sometidas a esta legislación no han obtenido en plazo la autorización ambiental, y más del 90 por ciento no cuentan con autorización de inicio de actividad. En consecuencia, a partir de hoy deberían cesar completamente en su actividad", explica la asociación ecologista.

Empresas afectadas.

Entre las empresas afectadas por esta norma están en la provincia Antibióticos, BA Vidrio, Miguélez, Roldán, Kraft y las centrales térmicas de Anllares, Compostilla y La Robla. Aunque el proceso y la dejación afecta a prácticamente todo el sector industrial que produce contaminación, "salvo honrosas excepciones". Los ecologistas denuncian que Burgos y Salamanca tienen el proceso de gestión de permisos más avanzado, mientras que León es, con Valladolid y Zamora, la provincia más retrasada. En cuanto a los sectores industriales afectados, el más atrasado es el termoeléctrico, "que aún no cuenta ni con una autorización". El sector metalúrgico, el químico y el de disolventes están en un 40 por ciento. En el caso de los vertederos han obtenido autorización ambiental los provinciales de residuos urbanos de León y Salamanca, entre otros. Ecologistas en Acción denuncia la "incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada", y exige a la Junta que supere el colapso y sea más rigurosa.

Fuente: Ambientum

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19/12/2007 La Unión Europea publica un informe técnico en el que se valoran los costes de las acciones contra el cambio climático y los costes de la no acción sobre el mismo en la Unión.

En el informe publicado por la Agencia de Medio Ambiente de la Unión se comentan y analizan  los costes de la no acción y los costes de adaptación ante el cambio climático. Por otro lado también se comenta el posible coste de los impactos del cambio climático sobre algunos sectores económicos de la UE.

Leer el informe (en inglés)...

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13/12/2007 Se publica el REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

En el mismo se concretan las condiciones de reutilización de las aguas depuradas que especificaba el Real Decreto Legislativo 1/2001. De esta manera se precisa la calidad de dichas aguas en función de los usos previstos.

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27/11/2007 Se publica en el BORM de Murcia el Decreto 316/2007 por el que se aprueba el Reglamento del Canon de Saneamiento de la Región de Murcia.


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22/11/2007 Nueva Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

La nueva Ley aprobada por el congreso sustituye a la norma del año 1989 y ofrece muchas novedades. Entre ellas y una de las más demandadas por las asociaciones ecologistas, se añade por primera vez la figura de protección de "Área marina protegida" y también crea el Catálogo Nacional de Especies Invasoras.

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20/11/2007 Curso para la Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible.

La Asociación de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana organiza la primera edición del curso sobre Movilidad Sostenible: "Elaboración de Planes de Movilidad". El mismo tendrá lugar durante los días 30 de noviembre (tarde), 14 de diciembre (mañana y tarde, y 15 de diciembre (mañana) en el salón de actos del edificio caminos de la Universidad Politécnica de Valencia.

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31/10/2007 Nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.


El Parlamento aprobó ayer el texto de la nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y que sustituye a la desfasada Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1972. El Gobierno refuerza así su acción frente a la contaminación atmosférica, con el fin de alcanzar niveles saludables de calidad del aire.

Más de 30 años después, se actualiza una normativa que había quedado obsoleta y que resultaba insuficiente para afrontar un problema que, según un reciente informe del Observatorio de la Sostenibilidad, sufren aproximadamente el 75 por ciento de los habitantes de grandes ciudades españolas. La ley es un punto de partida para mejorar la salud y la calidad de vida de estos ciudadanos, sometidos a niveles excesivos de contaminación en el aire que respiran.

Con la finalidad de mejorar la calidad del aire en las ciudades y para proteger la salud pública, la ley atribuye, en primer lugar, el marco de responsabilidades. Se establece que, en las zonas urbanas, será necesaria una zonificación del territorio en base a la calidad del aire. Las zonas que no cumplan los niveles exigibles de calidad deberán contar con planes de mejora de la calidad del aire elaborados por la Comunidad Autónoma correspondiente. Estos planes deberán contemplar la incidencia del tráfico y, consecuentemente, disponer la puesta en marcha de programas de movilidad sostenible.

La zonificación de la calidad del aire será determinante para el planeamiento urbanístico: en ningún caso podrán promoverse infraestructuras que incrementen los problemas de la calidad del aire.

La ley establece, asimismo, un régimen de control de actividades emisoras de contaminación a la atmósfera y amplía las obligaciones de las administraciones en cuanto a la información que deben proporcionar a los ciudadanos sobre la calidad el aire que respiran.

Cabe destacar que esta normativa incorpora la reducción del impuesto de matriculación para los vehículos menos contaminantes.

En el desarrollo reglamentario posterior, se establecerán los valores límite de emisión.

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